Las recientes reformas de la Política Agrícola Común han apostado por una producción agraria más “sostenible” en su relación con el medio ambiente y la utilización del territorio, destacando el papel multifuncional de la agricultura y la ganadería en la preservación de los recursos naturales y del tejido social de las zonas rurales, sin dejar de lado la premisa de que dicha producción ha de ser viable desde un punto de vista técnico y económico.